Una sentencia judicial condena a diez personas por difundir un bulo sobre la esposa del presidente francés. El contenido falso aseguraba que la primera dama era un hombre.
Una afirmación que se propagó de forma masiva en redes sociales y otros canales digitales.
Un nuevo caso, ahora no en nuestro país, que da la alarma sobre la facilidad de difundir cualquier información amparándose en una libertad de expresión mal entendida y que vemos que no pasa desapercibida a ojos de la ley.
Esa es una de las afirmaciones totalmente infundadas que, desde hace años, distintas personas llevan difundiendo públicamente en torno a mensajes falsos sobre la identidad de Brigitte Macron. De hecho, no se presentaban como opiniones, sino como supuestos hechos, lo que provocó una gran difusión y un evidente daño personal a la primera dama.
Ante esta situación, la justicia francesa intervino y ha considerado que no se trata de simples comentarios, sino de una campaña de desinformación que atenta contra el honor y la dignidad de una persona concreta.
La sentencia no se ha limitado a una simple advertencia.
Para entender mejor el alcance de este tipo de conductas, es importante ver qué consecuencias puede tener difundir bulos de este tipo con el único objetivo de hacer daño a una persona y dañar su imagen pública.
El objetivo de estas sanciones no es solo castigar, sino también detener la propagación de desinformación y proteger a las víctimas.
Antes de entrar en las consecuencias legales, conviene entender qué protege la ley en estos casos.
En Francia, como aquí, la libertad de expresión tiene límites cuando se vulneran derechos fundamentales de otras personas. Ante este tipo de situaciones, entran en juego dos figuras legales principalmente:
Se produce cuando se difunde una información falsa sobre una persona, sabiendo que no es cierta o sin comprobar su veracidad, y que puede además dañar su reputación.
En este caso, los tribunales han entendido que los mensajes difundidos no eran opiniones, sino afirmaciones falsas presentadas como hechos.
La ley protege la dignidad, la reputación y la identidad personal, y quiere evitar que se difundan informaciones falsas o innecesarias que afectan a la intimidad de cualquier persona.
Difundir datos falsos sobre la identidad o la vida personal genera un daño moral suficiente como para que exista responsabilidad legal, aunque no se produzca un perjuicio económico directo.
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