El pasado 3 de abril entra en vigor una reforma muy esperada en España: la modificación del artículo 544 quáter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite agilizar el desalojo de okupas.
Si tienes una vivienda ocupada de manera ilegal, probablemente te hayas preguntado alguna vez por qué tarda tanto en resolverse esta situación, y es cierto, demasiado cuando hablamos de que se trata de tu hogar.
Pero partir de ahora, las cosas cambian.
Tras esta reforma, una ocupación ilegal puede resolverse, de manera mucho más rápida.
Antes de meternos en los cambios legales, conviene aclarar qué se entiende por okupación.
Cuando hablamos de okupas, nos referimos a personas que entran y permanecen en una vivienda ajena sin permiso de su propietario, no hablamos de inquilinos que dejan de pagar el alquiler (eso sería un desahucio por impago), sino de personas que nunca han tenido un contrato ni autorización para estar allí.
Este tipo de ocupaciones sucede en viviendas vacías, segundas residencias, pisos en herencia que aún no se han vendido… y afectan tanto a particulares como a bancos, inmobiliarias o empresas, pero son los pequeños propietarios quienes se ven más perjudicados porque impiden que utilicen esa vivienda que seguramente necesitan,
Tras esto y la posterior denuncia, hasta ahora comenzaba un proceso de desahucio que en la mayoría de los casos se alargaba demasiado
Hasta ahora, echarlos de tu vivienda era un camino largo y complicado, que podía extenderse durante meses, incluso años, por un motivo principal: la vía judicial y los plazos que marca la ley.
Aunque puede variar ligeramente según el caso, el proceso que se seguía hasta esta reforma era el siguiente:
El problema es que, durante todo este tiempo, siguen dentro de la vivienda y los propietarios no pueden hacer nada.
La principal razón del retraso era que los juzgados no pueden ordenar el desalojo sin haber escuchado primero a los okupas, es decir, aunque puedas demostrar que la vivienda es tuya, el proceso exige que se garantice el derecho de defensa de quienes la estaban ocupando.
Esto, como hemos visto en bastantes ocasiones, provoca situaciones de desprotección para los propietarios, especialmente si eran personas particulares que necesitan recuperar su casa para vivir en ella, venderla o alquilarla.
Con ella, la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce una medida cautelar muy potente:
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