La ley antifraude de software en España, promulgada mediante la Ley 11/2021, ha generado un impacto profundo en la regulación de los sistemas de facturación.
Aunque frecuentemente asociada con Verifactu, el sistema que certifica el cumplimiento de requisitos técnicos en soluciones de facturación, el alcance de esta normativa es mucho más amplio.
Uno de sus pilares fundamentales es el artículo 29.2.j de la Ley General Tributaria (LGT), que establece las bases legales para auditar y garantizar la fiabilidad de cualquier software utilizado para emitir facturas. Este marco afecta a empresas, desarrolladores y auditores, marcando un estándar clave para la gestión fiscal.
El artículo 29.2.j exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos de facturación cumplan con tres principios fundamentales:
Estos puntos posicionan al software de facturación como un elemento crucial en las auditorías fiscales, dado que su incumplimiento puede conllevar sanciones significativas.
Aunque Verifactu ha captado la atención como herramienta esencial para verificar la conformidad técnica de los sistemas de facturación, no sustituye las obligaciones generales impuestas por el artículo 29.2.j. Mientras que Verifactu se centra en el registro y verificación de facturas, el artículo 29.2.j abarca un espectro más amplio, incluyendo:
Al auditar un software de facturación, no basta con confirmar que está certificado por Verifactu. Es fundamental realizar una evaluación integral que considere:
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