Todo trabajador debe contar con una condiciones laborales que aseguren su seguridad y su salud en su centro de trabajo, pero, también, asegurar unas condiciones personales.
No pueden sufrir intimidación, coacción, ni engaño por parte de personas que, por una mejor situación en la empresa, pueden perjudicarles y obligarlos a vivir situaciones muy perjudiciales para ellos.
Estamos ante casos de una gravedad tal que conllevan sanciones penales.
El equipo de abogados penalistas y de Derecho Laboral del bufete de Vilches Abogados resuelve, a diario, casos en los que los trabajadores denuncian situaciones que, sin lugar a duda, son delito.
Es aquel que sufre un trabajador debido al abuso o el engaño por parte de su empleador, u otra persona de poder, en su puesto de trabajo, normalmente, amparados en la situación de la que disfrutan y aprovechando, a la vez la del trabajador.
Con estas acciones se perjudican o suprimen los derechos de los trabajadores, que, en muchos casos, no pueden evitarlas por miedo a represalias como la posibilidad de perder su trabajo.
Son derechos que, al trabajador, le corresponden por ley, por el contrato, que obligatoriamente debe tener y que le une a la empresa o por estar vinculado a un convenio colectivo.
Tipos de delitos contra los derechos del trabajador
Los delitos contra los derechos de los trabajadores, en general, tienen unas características comunes, todos ellos se amparan en la situación de poder en la empresa de la persona que los comete.
Su puesto de trabajo, en la escala de la empresa, asegura que el trabajador, por miedo a perder su trabajo, va permitir, aceptar y seguir las órdenes que se le den, aunque se vea perjudicado por ellas.
Son acciones que pasan a ser delitos graves, y por eso mismo, tipificados por el Código Penal, en los artículos del 311-318.
Se comete en el momento en el que la persona que ejerce poder, sea el empresario, o encargado, impone al trabajador unas condiciones laborales que suprimen, perjudican o limitan sus derechos.
Un caso que, por desgracia, es común y se quiere atajar es el de “falso autónomo”, a quien imponen condiciones de trabajo ilegales, alejadas de su contrato de trabajo
Regulado en el artículo 311 del Código Penal, en el que se determinan penas de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.
En todo caso, estas penas aumentan en el momento en el que el delito se añade intimidación o violencia.
Es un tipo calificado como delito doloso, se es consciente de los que se está haciendo, se hace con malicia, conociendo el daño que sobre el trabajador.
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