Como regla general, las deudas corresponden a la propia sociedad. Esta cuestión adquiere especial importancia en sociedades como las sociedades limitadas, donde la responsabilidad de los socios se encuentra, con carácter general, limitada a sus aportaciones.
Ahora bien, cerrar la actividad empresarial no provoca que esas obligaciones desaparezcan.
Cuando la sociedad dispone de bienes, derechos o dinero, estos recursos deberán utilizarse durante el proceso de liquidación para atender sus obligaciones.
Si el patrimonio disponible resulta insuficiente para satisfacer todas las deudas, será necesario determinar si existe una situación de insolvencia y si corresponde acudir a un procedimiento concursal.
La Ley Concursal contempla el deber de solicitar el concurso cuando el deudor se encuentra en una situación de insolvencia actual y conoce o debería conocer dicha circunstancia. Como regla general, la solicitud debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a ese momento.
En consecuencia, una empresa que no puede atender sus pagos no debería limitarse a cerrar sus instalaciones, dejar de emitir facturas o interrumpir su actividad. Es necesario analizar qué sucede con su patrimonio y cómo deben gestionarse las obligaciones existentes frente a los acreedores.
Esta es una de las principales preocupaciones cuando una sociedad atraviesa dificultades económicas.
La existencia de deudas empresariales no implica automáticamente que el administrador tenga que satisfacerlas con su patrimonio personal. Sin embargo, existen determinadas circunstancias en las que puede surgir responsabilidad.
La Ley de Sociedades de Capital establece, entre otros supuestos, que cuando aparece una causa legal de disolución, los administradores deben convocar la junta general dentro del plazo establecido para que se adopten las decisiones correspondientes.
Si incumplen esta obligación y tampoco solicitan, cuando resulte procedente, la disolución judicial o el concurso, pueden llegar a responder solidariamente de determinadas obligaciones sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución.
Esto pone de manifiesto la importancia del momento en el que se adoptan las decisiones.
Cuando una empresa acumula pérdidas relevantes o atraviesa graves problemas de liquidez, esperar indefinidamente a que la situación mejore puede incrementar los riesgos para la propia sociedad y para sus administradores.
En escenarios conflictivos, la revisión de la documentación contable, financiera y societaria puede resultar especialmente relevante para determinar cuándo apareció la situación económica que exigía adoptar determinadas medidas y analizar las actuaciones realizadas posteriormente.
Las obligaciones pendientes con las Administraciones Públicas requieren una atención específica.
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