La crisis originada por el coronavirus en la Economía ha llevado a muchas empresas en España a cerrar sus establecimientos por la reducción de ventas e ingresos. Liquidar y disolver una empresa es un procedimiento que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y en este post nuestros abogados mercantiles en Madrid te explicamos qué condiciones deben cumplirse y cómo llevar a cabo la disolución y liquidación de sociedades en España.
¿Qué es la liquidación? La liquidación es el proceso de extinción de una empresa. En este proceso se pagan todas las deudas y se reparten todos los bienes entre los acreedores. El liquidador se encarga de gestionar los activos durante este periodo.
Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario obtener un certificado del Registro Mercantil en el que se indique que no hay más pasivos pendientes contra la empresa; si los hay, será necesario pagarlos antes de iniciar el procedimiento de disolución.
La disolución de una sociedad mercantil supone su extinción, su cierre total, que no tiene marcha atrás.
La liquidación es una de las fases de la disolución en la que se produce el reparto del patrimonio social entre los socios una vez pagadas las deudas pendientes y cobrados los créditos.
Esta acción se englobaría dentro de uno de los diferentes tipos de reestructuración societaria que podemos encontrar, únicamente que en este caso, sería el último paso al que querríamos llegar.
Aunque es normal pensar que cuando hablamos de liquidación, nos referimos a una acción realizada por un acreedor o un deudor, en este caso se refiere a un proceso llevado a cabo por la propia empresa.
Es decir, si no fuera por esta decisión no habría razón para este tipo de actuación, por lo que se puede decir que no depende de ningún factor externo sino de factores internos.
Para entender lo que supone esta actuación y su funcionamiento, primero hay que entender lo que ocurre en los procedimientos concursales. En estos casos hay dos tipos: los acreedores a los que el deudor debe dinero; o los deudores que deben dinero a los acreedores (bancos). Este último caso se denomina financiación del deudor en posesión (DIP)
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