Su fundador, Juan González Herrero, es detenido en el aeropuerto de Barajas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, cuando pretendía viajar a Colombia.
El motivo, ser, presuntamente, el cabecilla de una red que atrajo a miles de personas con la promesa de conseguir una financiación excesivamente elevada con sus inversiones.
El supuesto creador de todo esto, más tarde, es puesto en libertad con cargos, y la retirada del pasaporte, ahora se debe investigar, y probar, si es verdad la acusación de estafa piramidal de la que hablan todos los medios.
La empresa dedicada, entre otros servicios, a la contratación de seguros y de planes de pensiones, tenía una supuesta delictiva forma de actuar que ahora sale a la luz.
Convencer a sus asegurados de la realización de inversiones, muchas veces de todos sus ahorros, con la promesa de conseguir una suculenta rentabilidad, que luego, evidentemente, no era tal.
Muchos de ellos fueron incapaces de dejar pasar esa oportunidad de conseguir “dinero fácil”, y han caído en esta trampa.
Pasado un número de años establecido en las condiciones, el dinero se recuperaba con unos enormes beneficios con la posibilidad de, en caso de necesidad, reclamarlo en cualquier momento.
Cuando, en 2022, muchas personas inversoras solicitan su devolución, ese dinero ha desaparecido, y una lluvia de denuncias y demandas termina en la detención de Juan González Herrero, en el aeropuerto de la capital de España.
La generación de ingresos que se consiguen mediante un número de personas que va aumentando a base de la captación.
Se inicia con un pequeño grupo que, de manera personal, atraen a más personas, estás a más, y, así, el entramado puede hacerse de un tamaño desorbitado, tanto en número de implicados, y engañados, como de dinero.
Encima de esta pirámide, se encuentra la persona que pone en marcha la maquinaria delictiva, y en quién recaen los beneficios.
Este delito se encuentra en el art. 250 del Código Penal y es realmente grave, ya que conlleva penas de prisión.
Las consecuencias son de uno a seis años de cárcel, y multa de 6 a 12 meses, en casos en los que la cantidad defraudada supere los 50.000 €, o afecte a un número de personas elevado.
Según las noticias que no dejan de aparecer...
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