El pasado 20 de mayo se aprobó la ley de cambio climático y de transición energética, una ley cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española y promover la adaptación a los impactos del cambio climático. Esta nueva ley se desarrolla en torno a tres aspectos: la reducción de gases de efecto invernadero, las energías renovables y la eficiencia energética, y sus metas se marcan, principalmente, para 2030 y 2050, aunque las medidas se irán introduciendo progresivamente.
Para el año 2030 se pretende que el 74% de la generación del sistema eléctrico sea de origen renovable. Es cierto que ya estábamos en el camino. En 2020, el 43,6% del mix energético tuvo este origen, el mayor alcanzado desde que se tienen registros. Sin embargo, aún queda camino, ya que la evolución en los últimos cinco años ha sido pequeña.
El aumento de la generación a partir de fuentes renovables tendrá un papel especialmente importante en el objetivo de reducir la dependencia energética.
Sobre la eficiencia energética, el objetivo es mejorar la eficiencia disminuyendo el consumo de energía primaria en un 39,5% con respecto a la línea de base de la normativa comunitaria en 2030. Es decir, mejorar en un 3,5% anual la intensidad energética primaria de la economía española.
Para entender este objetivo hay que ir años atrás y conocer cómo se ha consumido en España.
